El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, anunció este lunes que la entidad brindará asistencia técnica a El Salvador para regular el uso del bitcoin, luego que el Congreso de ese país autorizara el curso legal de la criptomoneda.

El BCIE «está acompañando a El Salvador en esta nueva e innovadora política de la adopción de la criptomoneda denominada Bitcóin para uso legal», declaró Mossi durante una conferencia virtual con la prensa salvadoreña.

A solicitud del gobierno salvadoreño, el ente financiero está «preparando un paquete de asistencia técnica para asegurar tener todos los expertos» para apoyar al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva (BCR), explicó.

El Congreso de El Salvador aprobó el 9 de junio la ley que convertirá el bitcóin en moneda de curso legal en el país en septiembre, cuando entre en vigencia la medida, haciendo que esta nación centroamericana sea la primera en adoptar una criptomoneda con la que busca dinamizar su economía, dolarizada hace 20 años.

En cuanto a si el BCIE aceptará pagos mediante la criptomoneda, Mossi aclaró que «todos los préstamos del banco están denominados en dólares».

El funcionario consideró que el beneficio «más grande» en el uso del bitcóin es que es un medio «no regulado» que tiende «abaratar» costos como en el caso de El Salvador que tiene a muchos de sus ciudadanos que viven en el extranjero y que envían remesas.

Pese a esas facilidades, el presidente del BCIE también advierte que «en el anonimato de las criptomonedas puede haber malos jugadores», por eso es necesario adoptar «un marco regulatorio que permita al gobierno tener control» de quiénes las usan.

«Hay que tomar las medidas regulatorias que le garanticen al país funcionar de la mejor manera posible», subrayó.

En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2020, las remesas sumaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.

En concreto, Almagro pidió «al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Las autoridades nicaragüenses han detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario, el sandinista Daniel Ortega, busca la reelección.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados, Cuba y Honduras.

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró este jueves culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en un juzgado del distrito de Washington DC tras un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos.

Coronel, cuyo caso fue desclasificado la noche del miércoles por orden judicial, está acusada de dos delitos de conspiración, uno para distribuir narcóticos en EE.UU. y otro para blanquear dinero, y un tercer delito por realizar operaciones con propiedades de un narcotraficante extranjero importante.

La esposa del exlíder del cártel de Sinaloa, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, respondió escuetamente al juez Rudolph Contreras, que aceptó su declaración, en una vista retransmitida por teléfono en la que también dijo haber colaborado en las actividades y el escape de prisión de su marido en México en 2015.

El magistrado fijó para el 15 de septiembre la audiencia en la que se determinará la sentencia de Coronel, que se puede enfrentar a un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua que, además, conlleva una multa de 10 millones de dólares, según le informó.

Coronel, que tiene dos hijas con el narcotraficante condenado hace dos años en EE.UU., fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dulles (Virginia) el pasado febrero bajo sospecha de ayudar a su marido a importar drogas al país, y ha permanecido en prisión sin fianza desde entonces, algo que seguirá haciendo hasta su fecha de sentencia.

Durante la audiencia, abierta a la prensa y al público, Coronel se limitó principalmente a responder sí o no a las preguntas del juez, dándole a entender que era competente y que conocía las consecuencias de su declaración de culpabilidad.

Después de una hora de intercambios, finalmente se la escuchó decir «culpable» en español tres veces, una por cada delito, y expresar un sollozo.

Anteriormente, Contreras le recordó que los cargos no son fruto de un procesamiento hecho por un gran jurado y que por lo tanto se declaraba culpable de lo que se considera «información», lo que le privaría del derecho a tener un juicio y «probablemente» a apelar la sentencia, a lo que ella contestó estar de acuerdo.

El fiscal Anthony Nardozzi afirmó que el Gobierno de EE.UU. podría probar cada uno de los cargos gracias a testigos y datos policiales, desgranando que la antigua reina de belleza ayudó al Chapo, con el que se casó en 2007, a «facilitar la importación» de drogas a EE.UU. y a escapar de la prisión del Altiplano en 2015.

Asimismo, explicó que a lo largo de su matrimonio «controló» las propiedades comerciales y residenciales de su marido y los ingresos derivados de sus alquileres, lo que supone una serie de transacciones financieras que violan las leyes estadounidenses, ya que este fue designado narcotraficante en 2001.

Contreras pidió a Coronel escuchar esas acusaciones en busca de errores, ante lo que esta confirmó que eran «verdaderas y correctas» y que había participado en todas las actividades que los fiscales resumieron. EFE