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Latinoamérica

Al menos 13 muertos en nueva jornada de protestas en Colombia

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Los militares comenzaron el sábado a reforzar la seguridad en Cali, la tercera ciudad de Colombia, ante la violencia que cobró la vida de 13 personas en el marco de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque.

Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde el viernes se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles.

Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador.

“En el sur de la ciudad tuvimos (…) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.

Al menos ocho de las muertes fueron por arma de fuego, según la policía.

En un mes de protestas masivas murieron por lo menos 59 personas, incluidos los 13 muertos de la víspera, pues la Defensoría del Pueblo había informado sobre 46 fallecidos hasta el viernes. En tanto, los heridos superan los 2.300 entre manifestantes y uniformados, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas directamente con las manifestaciones.

Duque, quien desde el viernes está en Cali, ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en las tareas de control.

“Me siento más seguro con el ejército que con la policía (…) porque aquí siempre ha sido más respetado”, señaló Modesto Tenorio, un comerciante de 64 años.

Civiles “masacrando” –

Son en total 7.000 militares que asumirán la vigilancia de Cali y el resto de municipios del departamento azucarero e industrial de Valle del Cauca. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó el mismo dispositivo de apoyo militar para otros nueve departamentos afectados por los bloqueos viales.

Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.

El viernes la jornada fue particularmente violenta en Cali. “Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro” en el barrio de Meléndez (sur), “cuando se escucharon unos tiros”, relató a la AFP un testigo que pidió la reserva de su nombre por temor.

“Empezaron a masacrar la gente”. Eran “unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles”, aseguró el bachiller de 22 años. Videos que se viralizaron en las redes respaldan su versión.

La policía aseguró en un comunicado que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.

Militarización bajo críticas

Colombia pasa por un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar los impuestos a la empobrecida clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió a la presión de las manifestaciones y archivó la iniciativa, pero la violencia policial agravó el malestar social.

Los excesos de la policía, que en Colombia depende del ministerio de Defensa, han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de “presunta autoría de la fuerza pública”.

El gobierno evita condenar abiertamente la represión policial y asegura estar enfrentando vandalismo y “terrorismo urbano de baja intensidad”. También denunció que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.

Duque, que desde hace dos semanas intenta negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las protestas, endureció su posición con el envío de las tropas a las ciudades.

Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como “apagar un incendio con gasolina”, ya que un soldado está formado para “neutralizar una amenaza”, no para controlar protestas, dijo a la AFP.

 

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Latinoamérica

BCIE apoyará a El Salvador para regular el uso de bitcoin

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El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, anunció este lunes que la entidad brindará asistencia técnica a El Salvador para regular el uso del bitcoin, luego que el Congreso de ese país autorizara el curso legal de la criptomoneda.

El BCIE «está acompañando a El Salvador en esta nueva e innovadora política de la adopción de la criptomoneda denominada Bitcóin para uso legal», declaró Mossi durante una conferencia virtual con la prensa salvadoreña.

A solicitud del gobierno salvadoreño, el ente financiero está «preparando un paquete de asistencia técnica para asegurar tener todos los expertos» para apoyar al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva (BCR), explicó.

El Congreso de El Salvador aprobó el 9 de junio la ley que convertirá el bitcóin en moneda de curso legal en el país en septiembre, cuando entre en vigencia la medida, haciendo que esta nación centroamericana sea la primera en adoptar una criptomoneda con la que busca dinamizar su economía, dolarizada hace 20 años.

En cuanto a si el BCIE aceptará pagos mediante la criptomoneda, Mossi aclaró que «todos los préstamos del banco están denominados en dólares».

El funcionario consideró que el beneficio «más grande» en el uso del bitcóin es que es un medio «no regulado» que tiende «abaratar» costos como en el caso de El Salvador que tiene a muchos de sus ciudadanos que viven en el extranjero y que envían remesas.

Pese a esas facilidades, el presidente del BCIE también advierte que «en el anonimato de las criptomonedas puede haber malos jugadores», por eso es necesario adoptar «un marco regulatorio que permita al gobierno tener control» de quiénes las usan.

«Hay que tomar las medidas regulatorias que le garanticen al país funcionar de la mejor manera posible», subrayó.

En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2020, las remesas sumaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.

 

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Almagro pide suspender la participación de Nicaragua en la OEA

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.

En concreto, Almagro pidió «al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Las autoridades nicaragüenses han detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario, el sandinista Daniel Ortega, busca la reelección.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados, Cuba y Honduras.

 

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Latinoamérica

Pedro Castillo se autoproclama ganador de las elecciones en Perú

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Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre en las elecciones de Perú, celebradas el pasado domingo, se ha autoproclamado ya como ganador de los comicios frente a su rival, Keiko Fujimori, a pesar de que el recuento aún continúa.

Castillo ha comparecido ante sus seguidores en la sede del partido en Lima para celebrar que «el pueblo se ha impuesto en esta gesta». El candidato ha pedido a los órganos del sistema electoral peruano que sean «respetuosos con la voluntad del pueblo».

El maestro y exlíder sindical ha afirmado que algunas embajadas y gobiernos de América Latina ya le han felicitado.

Castillo ha asegurado también haberse reunido con empresarios, que según él le han mostrado su respaldo, y a los que ha prometido que formará «un gobierno con estabilidad financiera y económica».

No obstante, el recuento no ha acabado. Con el 98,3 % de las actas contabilizadas (es decir, aquellas que han podido computarse sin ningún problema), Castillo obtiene 8.735.534 votos (50,2 %) y Fujimori 8.663.870 (49,8 %). La diferencia entre ambos es, por tanto, de 71.664 votos, según los datos de la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La mayoría de las papeletas que quedan por contar son de peruanos residentes en el exterior, que son más favorables a Fujimori. También habrá que revisar unas 1.300 actas con irregularidades técnicas, errores de cumplimentación o con votos impugnados.

Al inicio del recuento, la ventaja era para la candidata de Fuerza Popular, ya que se contabiliza primero el voto de los centros urbanos. Conforme avanzaba en las zonas rurales y más alejadas, Castillo ha ido ganando terreno hasta sobrepasar a su rival.

Cuando vio que su ventaja se esfumaba, Keiko Fujimori acusó a Perú Libre de fraude. Sin embargo, los órganos electorales peruanos, así como organizaciones internacionales, desmienten estas acusaciones.

La ONPE ha indicado en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.

 

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