Congreso da marcha atrás con la instalación de peajes en la CA-13 (S.P.S – La Ceiba)

La presión del pueblo progreseño ha dado frutos este viernes, luego de las constantes e ininterrumpidas protestas y sumada la quema de los peajes, se ha logrado que el Congreso Nacional desista de instalar peajes en la carretera CA-13 que comunica a San Pedro Sula y La Ceiba y anule el contrato.

El Congreso Nacional en sesión de ayer viernes, ha optado por terminar el contrato que mantenía para la construcción que ellos denominan el “Corredor Turístico” que contemplaba la hecha de una carretera de 4 carriles entre El Progreso-Tela y tramos San Pedro Sula-El Progreso La Barca-El Progreso.

Al respecto el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva explico “Se eliminarán los peajes para que los dejen de quemar”.

El director de Inversión Estratégica de Honduras (InvEst-H), Marcos Bográn ha reconocido que el mantener este proyecto parado por la quema de los peajes que han hecho los ciudadanos de ese sector ha provocado que el estado se vea obligado a pagar a la concesionaria un reconocimiento diario, que perjudica las arcas financieras del estado hondureño.

“El Estado ha tenido que reconocer económicamente al concesionario de este proyecto como consecuencia de las protestas sociales en las que se quemaron las casetas de peaje de estas zonas, impidiendo al concesionario el cobro de las tarifas para terminar de financiar la construcción del Corredor Turístico y los tramos”. dijo Bogran.

Debido a esto, el Estado ha tenido importantes desembolsos que no estaban contemplados en los presupuestos del 2018 ni el 2019, y generan un impacto negativo en las finanzas públicas generando un daño en la economía nacional.

En este sentido, el Congreso Nacional aprobó dar por terminado el contrato de concesión y con mutuo acuerdo entre las partes aplicar la cláusula 6.1.4 del contrato.

Según el dictamen, la cláusula cita de la siguiente manera: “Las partes han llegado al consenso sobre la necesidad de acordar una terminación anticipada del mismo, por considerar que, por razones ajenas a su voluntad, no es posible continuar con la ejecución del proyecto”.

Bográn explicó que “el gobierno deberá ejecutar la obra a través de un mecanismo alterno que no sea la Alianza Público Privada”.

 

 

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