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CORRUPCIÓN

COPECO e Invest-H malversaron el 56% de los fondos destinados al combate de la pandemia

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Tegucigalpa. La Coalición Anticorrupción Honduras, reveló a través de un informe reveló que hubo malversación del 56 por ciento de los fondos de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), esto en marco a las compras de emergencia realizadas por ese ente por motivo de la pandemia.

En el informe «Corrupción, Discreción y Opacidad:La Normalidad en las Compras Públicas de Honduras», se señalam más de 50 irregularidades en las compras efectuadas por Invest-H y COPECO.

En ese sentido, varias organizaciones de Sociedad Civil han presentado más de 31 líneas de investigación en este caso que están ligadas a corrupción, abuso debpoder y malversación de caudales públicos, mientras que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha presentado tres y el Tribunal Superior de Cuentas sólo a presentado una.

La coordinadora de la Coalición, Fátima Mena, manifestó que estos actos, han puesto es severo riesgo la salud del pueblo Honduras «dejan un perjuicio económico superior a los 1 mil 200 millones de lempiras, lo que equivale al 56 por ciento de los fondos de Invest-H y COPECO desde el 18 de marzo hasta el 25 de septiembre».

El informe señala las denuncias, recomendaciones y observaciones en lo obtenido por estas dos instituciones, entre ellas están:

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-Compras sobrevaloradas

-Mecanismos diferentes a la Ley de Contratación del Estado

-Evasión de procesos establecidos y la justicia.

Trinidad de la corrupción

La investigación establece que a través de estas compras, se Invest-H y COPECO hicieron contrataciones con proveedores afines con algunos funcionarios, además se contó con veedores sociales faltos de experiencia.

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Cabe mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH), hacen mención sobre la evolución de la corrupción en Honduras, transformándose en un proceso de tres: Estado, Empresa Privada y operadores de justicia.

Esta estructura estaría trabajando desde 2018, generando un daño económico de 65 mil millones de lempiras.

En virtud de lo anterior, documento cita varias recomendaciones y observaciones que ayudarán a disminuir y desarticular actos de corrupción e impunidad.

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