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EEUU expresa «grave preocupación» por destitución de magistrados en El Salvador

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El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha mantenido ayer domingo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien ha trasladado la «grave preocupación» de Washington por la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

«El secretario Blinken ha expresado la grave preocupación del Gobierno de Estados Unidos por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y ha destacado la importancia de una justicia independiente, esencial para la democracia», ha informado el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.

Blinken ha manifestado «la misma preocupación» por la destitución del fiscal general de la nación, Raúl Melara, «quien está combatiendo la corrupción y la impunidad y es un compañero eficaz en la lucha contra el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador».

El máximo responsable diplomático norteamericano ha manifestado el compromiso de su país con la «mejora de las condiciones» en El Salvador, incluido el «refuerzo de las instituciones democráticas y la separación de poderes».

Igualmente ha mencionado la «libertad de prensa, una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado, que depende de la seguridad jurídica para que el pueblo salvadoreño tenga un futuro de éxito».

También la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha mostrado «profunda preocupación por la democracia de El Salvador», ya que «un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte», ha precisado a través de su cuenta de Twitter.

MISIÓN DE MONITOREO DE LA CIDH

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha anunciado que instalará una misión especializada para atender la crisis institucional que se ha desatado en el país centroamericano tras la decisión de la Asamblea, que también ha rechazado.

Según la CIDH, la destitución se ha producido «sin el debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho», por lo que ha instado a las instituciones salvadoreñas a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ha declarado ilegítima esta resolución, para «garantizar la separación de poderes y el orden democrático».

En este contexto, ha decidido instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para «monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los Derechos Humanos en el país».

 

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