España concedió la nacionalidad por residencia a 80.148 personas en 2020, un 51 % menos que en 2019, y más de la mitad fueron ciudadanos originarios de Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela.

En total, 23.522 ciudadanos procedentes de Marruecos obtuvieron la nacionalidad por este método; 5.309 de Ecuador; 4.831 de Colombia; 4.781 de Bolivia y 3.545 de Venezuela, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Continúan, por orden, Cuba (3.519), República Dominicana (3.116), Pakistán (3.029), Perú (2.129), Rumanía (1.795), Brasil (1.783), Paraguay (1.636), Argentina (1.553), Honduras (1.550) y Nigeria (1.380).

Así, cuatro de cada diez concesiones fueron para personas procedentes de Latinoamérica y casi tres de cada diez para ciudadanos de Marruecos.

En un comunicado publicado este miércoles, el observatorio explica que la media de edad de los ciudadanos que lograron la nacionalidad es de 37 años y que el 49 % de las concesiones fueron para mujeres y el 51 % para hombres. Además, el 21 % tenía menos de 25 años.

Las mujeres son más numerosas entre las concesiones de nacionalidad por residencia en las edades de los 20 a los 35; y los hombres, de los 35 a los 60.

La caída del 51 % en el número de concesiones se debe a un menor ritmo de resolución de expedientes, que a su vez se explica por la inexistencia de un plan de choque que sí existió en 2019 y que vuelve a estar vigente en 2021.

Ese reducción llegó al 70 % en el caso de los hondureños y también superó el 65 % en el de argentinos, paraguayos y peruanos.

Para obtener la nacionalidad española se exigen tres requisitos básicos: buena conducta cívica, suficiente grado de integración social y haber residido de forma legal y continuada por un plazo de tiempo inmediatamente anterior a la solicitud.

Estos plazos varían en función del origen: un año para los nacidos en España, para los que hayan contraído matrimonio con un ciudadano español, para los hijos o nietos de españoles de origen, para viudos de español; dos años para nacionales de países latinoamericanos; cinco para quienes hayan obtenido la condición de refugiados y diez para el resto.

El 37% de las nacionalidades concedidas en 2020 se produjeron en el plazo reducido de dos años; el 33 % en el de 10 años y el 26 % en el de un año. EFE

Más de un millón de hondureños radicados en EEUU pueden perder su derecho al voto en las elecciones generales del país centroamericano de noviembre próximo por no disponer de una tarjeta de identidad nacional válida, denunció este jueves una asociación proinmigrantes de Florida.

Juan Flores, presidente de la asociación de inmigrantes hondureños 15 de Septiembre, expresó a Efe su preocupación tras haberse «agotado todas las instancias con las instituciones que tienen una relación directa para la obtención de la tarjeta de identidad».

Flores culpa de ello a la clase política hondureña, que «se ha puesto de acuerdo para que todos los emigrantes no pudieran votar en noviembre». «Se necesita la identificación nacional nueva que está en proceso en Honduras pero no en Estados Unidos», se quejó.

«No existe ningún plan estratégico para dotar de identificación a los migrantes hondureños. Nunca se incluyó a los migrantes en la planeación original», critica en comunicado la organización, que ha mantenido conversaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Registro Nacional de Las Personas (RNP) y el Congreso Nacional hondureño.

El activista hondureño asegura que «la clase política ha actuado de manera perversa» y que «con esto demuestra que no les interesamos porque nunca fuimos parte de un plan». «Tienen miedo de que votemos en contra porque saben que han hecho mal las cosas», afirmó.

Según Flores, los hondureños que viven en Estados Unidos deben estar registrados antes del 25 de mayo próximo, algo que «no va a ser viable».

«Con 14 máquinas para todo Estados Unidos se enrolarían 16,170 personas por mes». Al final, subraya, «quedarían fuera más un de millón de hondureños», según sus cálculos.

«Quedamos también sin una identificación, quedamos apátridas porque el 15 de agosto deja de tener vigencia la tarjeta de identidad que sirve para votar», acotó.

La situación prevista por Flores puede «desmotivar al migrante» por diversas razones, tales como las distancias hasta el consulado más cercano y el tiempo de espera.

A su juicio, los hondureños que viven fuera de su país «están siendo tratados igual que Nicaragua y que Cuba, prácticamente como un país comunista».

Según la fundación, el derecho a ejercer el sufragio y la protección de hondureños en el exterior, que son reconocidos en las leyes de Honduras, están en peligro.

La entidad que preside Flores está creando una base de datos de los hondureños en EEUU y unificando las comunidades importantes en Texas, Carolina del Norte y Luisiana.

En febrero pasado, la organización ya había denunciado en una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que estaban en riesgo de perder su derecho a votar en las próximas elecciones en su país y pidió a la organización ayuda para «proteger la democracia».EFE

VOA. Decenas de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) culminaron este viernes una huelga de hambre de 43 días en el centro de Washington DC, con la que han buscado enfatizar su lucha y hacer que la Casa Blanca y Senado no olviden que hay más de 300.000 trabajadores inmigrantes con al menos 400.000 niños nacidos en Estados Unidos, por tanto ciudadanos estadounidenses que esperan una acción legislativa.

Los representantes de la Alianza Nacional TPS que aglutinan a decenas de comités de portadores del estatus legal, a los que les fue cancelado el beneficio entre finales de 2017 y principios de 2018, ven ahora que su lucha tiene eco en los círculos políticos de Washington; pero dicen que es momento de incentivar a más tepesianos a nivel nacional a no despegar el pie de acelerador si quieren lograr su objetivo.

En un acto celebrado la tarde de este viernes en Freedom Plaza, a escasas tres cuadras de la Casa Blanca y a dos millas del Congreso, dirigentes de la Alianza Nacional, procedentes de al menos 35 estados, miraron en perspectiva su lucha y dicen estar listos para seguir articulando esfuerzos para su causa.

Mardoel Hernández coordinador de la organización en el Área Metropolitana de Washington comentó a la Voz de América que se ha llegado a un punto en el que no hay marcha atrás, y que quedarse sentada y esperar acción propia desde los políticos sería un craso error.

“No podemos quitar el pie del acelerador, entendemos que estamos cerca de conseguir nuestro objetivo, pero también entendemos que si nos quedamos sentados nada va pasar y vamos a volver otra vez a la incertidumbre y donde cualquier persona puede llegar a la administración y terminar con nuestro beneficio, pero solo juntos lo vamos a lograrlo”, explica Hernández.

Sus palabras se sustentan ante el reto que hiciera el presidente Joe Biden, en su discurso ante ambas cámaras del Legislativo en el marco de los primeros 100 días de su mandato, donde instó a los legisladores a aprobar este año una legislación que de a unos 300.000 inmigrantes con TPS, y a los más de 600.000 jóvenes amparados al Programa de Acción Diferida (DACA) un camino a la residencia permanente.

El salvadoreño Arenivar Cruz, quien llegó a la capital estadounidense este día desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, un estado hostil por la retórica antiinmigrantes que tomó mayor auge durante la era de Donald Trump, quien canceló el beneficio migratorio a los miles de trabajadores procedentes de seis países; El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sundán y Nepal.

Pero Cruz dice que de forma proactiva los comités de la Alianza Nacional TPS en ese estado sureño se han acercado a los dos senadores republicanos, Richard Burr y Thom Tillis, quienes se han comprometido a apoyar una legislación que beneficie a los trabajadores con TPS.

Sin embargo, hasta ahora el liderazgo demócrata de la Cámara Alta dirigido por el senador Chuck Schumer no ha puesto en agenda para discutir ninguna de las propuestas de ley que ofrecen un camino a la residencia permanente con paso a la ciudadanía para los grupos de inmigrantes amparados al TPS y DACA, como les pidió Biden la noche del miércoles.

Cecilia Flores Ayala, demandante en uno de los procesos judiciales que mantienen vigente el TPS, opina a la VOA que ante la falta de acción política para resolver su situación, impera aún el miedo en estos inmigrantes. Sostiene que esperaban más de la Administración Biden, acciones como les prometió durante la campaña.

Flores Ayala confiesa que esperaba que en los primeros 100 días de la era Biden el TPS fuera reactivado mientras se seguían las discusiones para propiciar una ley que facilitara la residencia permanente en base a que, no solo son los más de 300.000 inmigrantes directamente afectados, sino que cualquier decisión arrastra a sus núcleos familiares, donde hay al menos unos 400.000 niños hijos de tepesianos y nacidos en Estados Unidos con derechos de ciudadanos.

INFORMACIÓN DE VOA NOTICIAS