El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.

En concreto, Almagro pidió «al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Las autoridades nicaragüenses han detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario, el sandinista Daniel Ortega, busca la reelección.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados, Cuba y Honduras.

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró este jueves culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en un juzgado del distrito de Washington DC tras un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos.

Coronel, cuyo caso fue desclasificado la noche del miércoles por orden judicial, está acusada de dos delitos de conspiración, uno para distribuir narcóticos en EE.UU. y otro para blanquear dinero, y un tercer delito por realizar operaciones con propiedades de un narcotraficante extranjero importante.

La esposa del exlíder del cártel de Sinaloa, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, respondió escuetamente al juez Rudolph Contreras, que aceptó su declaración, en una vista retransmitida por teléfono en la que también dijo haber colaborado en las actividades y el escape de prisión de su marido en México en 2015.

El magistrado fijó para el 15 de septiembre la audiencia en la que se determinará la sentencia de Coronel, que se puede enfrentar a un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua que, además, conlleva una multa de 10 millones de dólares, según le informó.

Coronel, que tiene dos hijas con el narcotraficante condenado hace dos años en EE.UU., fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dulles (Virginia) el pasado febrero bajo sospecha de ayudar a su marido a importar drogas al país, y ha permanecido en prisión sin fianza desde entonces, algo que seguirá haciendo hasta su fecha de sentencia.

Durante la audiencia, abierta a la prensa y al público, Coronel se limitó principalmente a responder sí o no a las preguntas del juez, dándole a entender que era competente y que conocía las consecuencias de su declaración de culpabilidad.

Después de una hora de intercambios, finalmente se la escuchó decir «culpable» en español tres veces, una por cada delito, y expresar un sollozo.

Anteriormente, Contreras le recordó que los cargos no son fruto de un procesamiento hecho por un gran jurado y que por lo tanto se declaraba culpable de lo que se considera «información», lo que le privaría del derecho a tener un juicio y «probablemente» a apelar la sentencia, a lo que ella contestó estar de acuerdo.

El fiscal Anthony Nardozzi afirmó que el Gobierno de EE.UU. podría probar cada uno de los cargos gracias a testigos y datos policiales, desgranando que la antigua reina de belleza ayudó al Chapo, con el que se casó en 2007, a «facilitar la importación» de drogas a EE.UU. y a escapar de la prisión del Altiplano en 2015.

Asimismo, explicó que a lo largo de su matrimonio «controló» las propiedades comerciales y residenciales de su marido y los ingresos derivados de sus alquileres, lo que supone una serie de transacciones financieras que violan las leyes estadounidenses, ya que este fue designado narcotraficante en 2001.

Contreras pidió a Coronel escuchar esas acusaciones en busca de errores, ante lo que esta confirmó que eran «verdaderas y correctas» y que había participado en todas las actividades que los fiscales resumieron. EFE

Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre en las elecciones de Perú, celebradas el pasado domingo, se ha autoproclamado ya como ganador de los comicios frente a su rival, Keiko Fujimori, a pesar de que el recuento aún continúa.

Castillo ha comparecido ante sus seguidores en la sede del partido en Lima para celebrar que «el pueblo se ha impuesto en esta gesta». El candidato ha pedido a los órganos del sistema electoral peruano que sean «respetuosos con la voluntad del pueblo».

El maestro y exlíder sindical ha afirmado que algunas embajadas y gobiernos de América Latina ya le han felicitado.

Castillo ha asegurado también haberse reunido con empresarios, que según él le han mostrado su respaldo, y a los que ha prometido que formará «un gobierno con estabilidad financiera y económica».

No obstante, el recuento no ha acabado. Con el 98,3 % de las actas contabilizadas (es decir, aquellas que han podido computarse sin ningún problema), Castillo obtiene 8.735.534 votos (50,2 %) y Fujimori 8.663.870 (49,8 %). La diferencia entre ambos es, por tanto, de 71.664 votos, según los datos de la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La mayoría de las papeletas que quedan por contar son de peruanos residentes en el exterior, que son más favorables a Fujimori. También habrá que revisar unas 1.300 actas con irregularidades técnicas, errores de cumplimentación o con votos impugnados.

Al inicio del recuento, la ventaja era para la candidata de Fuerza Popular, ya que se contabiliza primero el voto de los centros urbanos. Conforme avanzaba en las zonas rurales y más alejadas, Castillo ha ido ganando terreno hasta sobrepasar a su rival.

Cuando vio que su ventaja se esfumaba, Keiko Fujimori acusó a Perú Libre de fraude. Sin embargo, los órganos electorales peruanos, así como organizaciones internacionales, desmienten estas acusaciones.

La ONPE ha indicado en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.