Una reyerta se registra desde la mañana de este jueves en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva», ubicada en Morocelí, El Paraíso, oriente de Honduras.

En es sentido, Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de los Privados de Libertad, informó a HRN que el enfrentamiento se originó entre integrantes de la Pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Asimismo indicaron que varios miembros de la Pandilla 18 ingresaron al módulo donde se encuentran los integrantes de la MS-13.

«Recibí llamadas de familiares de los reos, donde se me notificó que la Pandilla 18 ingresaron a un módulo de la MS. Hubo heridos», manifestó Ordóñez.

Al lugar llegaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y ambulancias se han desplazado hacia la cárcel de máxima seguridad «La Tolva».

Hasta el momento se desconoce cuántas personas han resultado heridas y si en el enfrentamiento dejó muertos entre los privados de libertad.

De igual forma, El Instituto Nacional Penitenciario (INP) no se ha pronunciado sobre lo sucedido en el centro penal «La Tolva».

Las primeras vacunas de Pfizer contra la Covid-19 llegaron la mañana de este jueves a la capital hondureña y se aplicarán a partir del lunes 21, en el marco de la Quinta campaña de vacunación contra la Covid-19.

La Secretaría de Salud recibió 105,300 dosis de vacunas de Pfizer, una parte esta mañana y otro por la tarde, y para el viernes también tiene programado que ingresen al país otras 105,300.

Además, para el lunes 21 estaría llegando el tercer lote de 2,340 vacunas, que completará el primer envío de 212,940, a través del mecanismo COVAX.

Con las dosis de Pfizer se iniciará el lunes la Quinta Campaña de Vacunación que tiene como meta la inoculación de 418,860 hondureños

Según Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, el esquema de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca es de dos dosis, con un intervalo de 12 semanas (3 meses) entre la primera y la segunda dosis.

Entre los sectores a inocular están: trabajadores de salud pendientes, población con comorbilidad de 50 a 59 años, personas con discapacidad mayores de 12 años, trabajadores esenciales priorizados Sesal-IHSS, sector turismo, entre otros.

El país está recibiendo vacunas a través del mecanismo Covax para el 20% de la población apta para recibirlas.

La Secretaría de Salud y el IHSS han aplicado casi medio millón de dosis hasta la cuarta campaña.

La meta para la Quinta Campaña de Vacunación es inocular a medio millón de personas en todo el país.

Este es el tercer embarque de donación de Covax que ingresa al país. Se recibieron 48.000 dosis en marzo, 189.600 en mayo y 212.940 en junio –en dos partes- para un total de 450.540.

Ayer fueron donados 5 freezers de ultra baja temperatura de parte del Comando Sur de Estados Unidos para poder almacenar hasta 2 millones de dosis de vacunas de Pfizer.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), logró sentencia condenatoria de tres años y seis meses de prisión para el coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), José Arnulfo Jiménez, por el delito contra los medios de comunicación.

La sentencia se basa en los hechos acontecidos el 28 de junio de 2009, cuando en aquel entonces, siendo teniente coronel de infantería de las( FFAA), el enjuiciado llegó al mando de un grupo 11 militares a las instalaciones del edificio “Piedras de la Gloria” ubicado en la colonia Tepeyac de Tegucigalpa, donde funciona Cholusat Sur, canal 36, con el objetivo de tomarse el edificio e impedir que a través de este medio de comunicación se transmitieran los hechos ocurridos durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y días posteriores.

El edificio de canal 36 estuvo militarizado de siete a ocho días, en los cuales la televisora no estuvo transmitiendo y además no permitieron el ingreso de los periodistas a realizar su trabajo.

Por tal razón, el coronel fue sentenciado por la Sala V del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por unanimidad de votos.

Es importante mencionar que el militar ya había sido sentenciado en el año 2014 por estos mismos hechos a la pena de cinco años de prisión, pero la defensa del imputado presentó un recurso de casación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había ordenado que se repitiera el juicio oral y público debido a que el Tribunal de Sentencia anterior no se pronunció en su momento por unos actos de nulidad interpuestos durante el primer debate.