MP ejecuta operación Némesis VII contra 40 bienes del exjefe de la Policía Ricardo Ramírez del Cid-HONDUSA TV

Este viernes el Ministerio Público (MP), realiza operación Némesis VII para incautar 40 bienes del exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid y a su esposa Thelma Carmina Umaña Powell, solicitando la privación definitiva de dominio.

En un comunicado que emitió este día el MP informa que se trata de 15 bienes inmuebles entre residencial, terrenos, seis vehículos, 16 cuentas bancarias, dos sociedades mercantiles y un lote semovientes, identificados por la Unidad Fiscal de apoyo al proceso de depuración policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica De Investigación Criminal (ATIC), en paralelo al requerimiento fiscal con orden de captura y a los iniciales aseguramientos promovidos en febrero de 2021 contra la pareja acusada del delito de lavado de activo.

De acuerdo a las investigaciones, en un periodo de 10 años (2007-2016), Ramírez del Cid realizó movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras 37,740,181.78 de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto que ronda los casi 27 millones de lempiras 26,744,669.18 a lo que se suma el más de un millón de lempiras 1,473,226.79 no justificando de Umaña Powell.

Entre los bienes contra los que se pretende que recaiga una sentencia de confiscación definitiva, sobresalen tres inmuebles en Nacaome, Valle, entre los que se encuentra la Lotificadora Villas Belén, que consta de más de 400 lotes de terreno, así como un inmueble en Guanaja, Islas de la Bahía.

Por otra parte, en Némesis VII, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), y la ATIC investigan en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL el manejo de un fideicomiso suscrito con la banca nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA en el año 2014 por un monto superior a los 400 millones de lempiras aproximadamente.

Específicamente, las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público y que además incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la oficina administradora de Bienes incautados (OABI), y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA) de la administración anterior.

Además, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal contra tres funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA), por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en afectación a los derechos de propiedad del pueblo garífuna de Tornabé y en respuesta a denuncia interpuesta por miembros de la comunidad y sus organizaciones representativas.

En otra causa la Fiscalía Especial para la transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la interpuso en contra de una exservidora del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por falsificación de documentos públicos, al tiempo en que la Alcaldía de Tocoa, Colón, se iniciaron diligencias investigativas por un permiso concedido el año 2016 a la empresa Minera Ecotek, citando al alcalde Adán Fúnez y representantes de la compañía.

Durante la Operación Némesis VII, del lado de la Fiscalía Especial para el enjuiciamiento de funcionarios y Servidores del Sector de Justicia (FEEFS-SJ), se efectuaron inspecciones por supuestas irregularidades en los juzgados de paz de Guaimaca, Francisco Morazán, así como se ejecutará en la ciudad de Nacaome, Valle a elementos de la Policía Nacional.

Asimismo, 40 requerimientos por violencia de genero en la zona central son parte del trabajo de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER), y también se judicializarán casos de asesinatos, femicidios, extorsión, tráfico de droga, asociación para delinquir, porte de armas de asistencia familiar, daños ambientales, contaminación, explotación ilegal de recursos naturales, defraudación fiscal, contrabando, violación a la propiedad intelectual e industrial, entre otros delitos, de los que se espera un alto número de detenciones a nivel nacional.

La nota del Ministerio Público concluyó asegurando que todas estas acciones se desarrollaran bajo la coordinación de las Fiscalías Especiales Regionales y Locales, La Dirección deLucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la ATIC con un importante apoyo de la DPI la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Policía Militar de Orden Público (PMOP), Dirección Nacional de Antidrogas (DNPA), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Fuerzas Armadas y autoridades administrativas.