Múltiples personajes señalados de corrupción presentes en ceremonia de Daniel Ortega

El iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune, no fue el único personaje polémico que participó el lunes en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y por lo que protestó Argentina.

En la ceremonia de investidura de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, también estuvieron los expresidentes salvadoreños nacionalizados nicaragüenses Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos acusados de corrupción en su país.

Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien el Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.

También acudió el canciller del Gobierno del expresidente Rafael Correa en Ecuador, Ricardo Patiño, quien fue acusado de instigar a la violencia durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, y contra quien pesaba una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, y cuyo proceso quedó suspendido debido a que ya había abandonado el país.

Otros invitados a la jura de Ortega fueron los expresidentes salvadoreños Funes y Sánchez Cerén, prófugos de la Justicia de su país, y cuya nacionalización nicaragüense ha causado roces entre El Salvador y Managua.

En tanto, la situación del presidente saliente de Honduras se ha tornado más difícil luego de que un hermano suyo, Juan Antonio «Tony» Hernández, fue detenido en 2018 en Miami, de donde fue llevado a Nueva York y, en marzo de 2019, condenado a cadena perpetua, más 30 años, por cuatro cargos, entre ellos el tráfico de drogas al país del norte.

Hernández, que ha mantenido cercanía con Ortega desde que asumió su primer período el 27 de enero de 2014, ha reiterado en múltiples ocasiones que las acusaciones que desde Estados Unidos lo vinculan con acciones asociadas al narcotráfico «son falsas».

Según analistas hondureños, como la socióloga y académica Julieta Castellanos Ruiz, Hernández podría buscar refugio y la nacionalidad nicaragüense, en caso de tener que salir de su país por las investigaciones que enfrenta por posibles vínculos con el crimen organizado.