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INTERNACIONALES

ONU rechaza decisión de dar por terminado mandato de la Cicig y la Corte Suprema busca parar decisión de Morales

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Cerca de las 16 horas, la canciller guatemalteca Sandra Jovel entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Cicig, sin responsabilidad para Guatemala.

Guterres “rechaza enérgicamente” la el contenido de la carta y asegura que el mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre de 2019.

Según el Gobierno, esperaron más de 16 meses para llegar a un acuerdo de conciliación, pero no se recibió respuesta. Ante ello la ONU resalta que se ha intercambiado de manera constructiva, a varios niveles, durante dichos meses, de acuerdo al artículo 12 de la comisión.

El secretario de Naciones Unidas “espera que el Gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig”.

También reitera la importante contribución de la Cicig a la lucha contra la impunidad.

“La Cicig ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus tres comisionados”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa.

Morales instruyó a la PGN y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie quejas, denuncias y demandas a efecto de que la comisión rinda cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia en el país.

Agrega que cualquier demanda por violación a los derechos humanos será dirigida a la secretaría de Naciones Unidas, dado que esta permaneció “indiferente y pasiva” luego de que el Gobierno de Guatemala le manifestara sus preocupaciones.

Indica que se procederá a hacer denuncias ante personas individuales o autoridades que incurrieron en prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición.

También se pronunció respecto a la Corte de Constitucionalidad: “Es imprescindible que se consideren los daños económicos, sociales y diplomáticos que ha causado el hecho de que la CC se inmiscuya en áreas que no le competen… Abusando de sus facultades ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y amprado a grupos denominado sociedad civil, en contraparte del rechazo malicioso de la justicia”.

La Corte Suprema acepta fallo que busca parar la decision de Morales de expulsar la CICIG

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite el amparo promovido por el abogado Alfonso Carrillo en contra del presidente Jimmy Morales por la decisión de dar por terminado el contrato de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La máxima corte solicitó a la presidencia presentar en menos de 48 horas un informe circunstanciado en relación a la disposición unilateral de finalizar el acuerdo firmado con las Naciones Unidas para el establecimiento de la CICIG. Sin embargo, el gobierno señaló que el convenio quedará sin efecto en 24 horas, luego de entregada la notificación a la ONU.

La canciller Sandra Jovel se reunió hoy con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para notificarle que dan por terminado el instrumento que dio vida a la misión anticorrupción debido a que no atendieron a las quejas manifestadas por el mandatario.

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Latinoamérica

Almagro pide suspender la participación de Nicaragua en la OEA

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.

En concreto, Almagro pidió «al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Las autoridades nicaragüenses han detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario, el sandinista Daniel Ortega, busca la reelección.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados, Cuba y Honduras.

 

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Estados Unidos

Emma Coronel, esposa del “Chapo” Guzmán se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos

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Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró este jueves culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en un juzgado del distrito de Washington DC tras un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos.

Coronel, cuyo caso fue desclasificado la noche del miércoles por orden judicial, está acusada de dos delitos de conspiración, uno para distribuir narcóticos en EE.UU. y otro para blanquear dinero, y un tercer delito por realizar operaciones con propiedades de un narcotraficante extranjero importante.

La esposa del exlíder del cártel de Sinaloa, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, respondió escuetamente al juez Rudolph Contreras, que aceptó su declaración, en una vista retransmitida por teléfono en la que también dijo haber colaborado en las actividades y el escape de prisión de su marido en México en 2015.

El magistrado fijó para el 15 de septiembre la audiencia en la que se determinará la sentencia de Coronel, que se puede enfrentar a un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua que, además, conlleva una multa de 10 millones de dólares, según le informó.

Coronel, que tiene dos hijas con el narcotraficante condenado hace dos años en EE.UU., fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dulles (Virginia) el pasado febrero bajo sospecha de ayudar a su marido a importar drogas al país, y ha permanecido en prisión sin fianza desde entonces, algo que seguirá haciendo hasta su fecha de sentencia.

Durante la audiencia, abierta a la prensa y al público, Coronel se limitó principalmente a responder sí o no a las preguntas del juez, dándole a entender que era competente y que conocía las consecuencias de su declaración de culpabilidad.

Después de una hora de intercambios, finalmente se la escuchó decir «culpable» en español tres veces, una por cada delito, y expresar un sollozo.

Anteriormente, Contreras le recordó que los cargos no son fruto de un procesamiento hecho por un gran jurado y que por lo tanto se declaraba culpable de lo que se considera «información», lo que le privaría del derecho a tener un juicio y «probablemente» a apelar la sentencia, a lo que ella contestó estar de acuerdo.

El fiscal Anthony Nardozzi afirmó que el Gobierno de EE.UU. podría probar cada uno de los cargos gracias a testigos y datos policiales, desgranando que la antigua reina de belleza ayudó al Chapo, con el que se casó en 2007, a «facilitar la importación» de drogas a EE.UU. y a escapar de la prisión del Altiplano en 2015.

Asimismo, explicó que a lo largo de su matrimonio «controló» las propiedades comerciales y residenciales de su marido y los ingresos derivados de sus alquileres, lo que supone una serie de transacciones financieras que violan las leyes estadounidenses, ya que este fue designado narcotraficante en 2001.

Contreras pidió a Coronel escuchar esas acusaciones en busca de errores, ante lo que esta confirmó que eran «verdaderas y correctas» y que había participado en todas las actividades que los fiscales resumieron. EFE

 

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Latinoamérica

Pedro Castillo se autoproclama ganador de las elecciones en Perú

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Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre en las elecciones de Perú, celebradas el pasado domingo, se ha autoproclamado ya como ganador de los comicios frente a su rival, Keiko Fujimori, a pesar de que el recuento aún continúa.

Castillo ha comparecido ante sus seguidores en la sede del partido en Lima para celebrar que «el pueblo se ha impuesto en esta gesta». El candidato ha pedido a los órganos del sistema electoral peruano que sean «respetuosos con la voluntad del pueblo».

El maestro y exlíder sindical ha afirmado que algunas embajadas y gobiernos de América Latina ya le han felicitado.

Castillo ha asegurado también haberse reunido con empresarios, que según él le han mostrado su respaldo, y a los que ha prometido que formará «un gobierno con estabilidad financiera y económica».

No obstante, el recuento no ha acabado. Con el 98,3 % de las actas contabilizadas (es decir, aquellas que han podido computarse sin ningún problema), Castillo obtiene 8.735.534 votos (50,2 %) y Fujimori 8.663.870 (49,8 %). La diferencia entre ambos es, por tanto, de 71.664 votos, según los datos de la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La mayoría de las papeletas que quedan por contar son de peruanos residentes en el exterior, que son más favorables a Fujimori. También habrá que revisar unas 1.300 actas con irregularidades técnicas, errores de cumplimentación o con votos impugnados.

Al inicio del recuento, la ventaja era para la candidata de Fuerza Popular, ya que se contabiliza primero el voto de los centros urbanos. Conforme avanzaba en las zonas rurales y más alejadas, Castillo ha ido ganando terreno hasta sobrepasar a su rival.

Cuando vio que su ventaja se esfumaba, Keiko Fujimori acusó a Perú Libre de fraude. Sin embargo, los órganos electorales peruanos, así como organizaciones internacionales, desmienten estas acusaciones.

La ONPE ha indicado en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.

 

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