Presidenta interina de Bolivia exime de responsabilidad a FF.AA mediante decreto

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La Paz, Bolivia.- Alarmada reacciono las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que el gobierno interino de Bolivia emitiese un decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas para que desarrolle operativos de restablecimiento del orden y estabilidad de orden interno, lo que para muchos también es una licencia para matar protestantes que piden la restitución de Evo Morales.

Y es que el gobierno liderado por Jeanine Añez, ha firmado un decreto en el que autorizan a las Fuerzas Armadas de esa nación a utilizar todos los medios disponibles para controlar las manifestaciones, lo que puede deparar en que elementos militares puedan ejecutar manifestantes y no les deduzca responsabilidad penal por los hechos.

«El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal». se puede leer en articulo 3 del decreto.


Mientras tanto, el artículo siguiente señala que los militares «deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos […]».

El documento, según la organización, «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta». Además, en su pronunciamiento, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del Gobierno «que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional». Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales.


«Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos», escribió la Comisión en Twitter.


Con información de RT

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