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Latinoamérica

¿Qué está pasando en Colombia? Aquí te lo explicamos:

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Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente, Iván Duque.

Esto, causó un gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles del país y han sufrido ataques policiales en confrontaciones con gases lacrimógenos y armas de fuego.

¿Qué está pasando en Colombia y por qué hay manifestaciones?

La principal razón de las protestas ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha desde hace una semana; sin embargo, ahora se agrega la insatisfacción por la brutalidad de la policía de la última semana y el mal empleo de la pandemia del gobierno.

¿Cuándo inició el Paro Nacional 2021 y cuál fue la razón?

Desde el primer el día (28 de abril 2021), en Bogotá, se inició el Paro Nacional por la gran afluencia de manifestantes durante las jornadas de protesta y esto continua por noveno día consecutivo.

¿Qué exige el pueblo Colombiano?

En un principio, la gente colombiana pedía al Congreso que no aprobara y se desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centrara en el salario mínimo.

Además, después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan una reforma para este cuerpo que incluya la desintegración del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que son acusados por reprimir a los protestantes.

También, se manifiestan contra un proyecto de reforma de salud, exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016, rechazan las políticas militares y conservan su posición contra la fractura hidráulica y las fumigaciones con glifosato, que el gobierno pretende reiniciar.

¿Cuál es la postura oficial del gobierno?

El gobierno afirma que necesita cerrar el desplome ocasionado por la pandemia en las arcas del Estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos (aproximadamente 6 mil 850 millones de dólares) a través de la reforma tributaria.

Luego de que el movimiento se intensificó, el presidente de Colombia solicitó formalmente reconsiderar su propuesta de reforma tributaria.

Pese a esto, los ciudadanos colombianos ya no están contentos solo con eso, pues ahora solicitan ayuda y la atención del gobierno por encontrar a las personas desaparecidas, justicia por todas las muertes y la desintegración del ESMAD.

¿Qué era la Reforma Tributaria que se pretendía implementar en Colombia?

El Gobierno de Colombia destapó una de sus cartas de una nueva reforma tributaria, que denominó ‘Reforma social, solidaria y sostenible’, y se trataba de un proyecto de ley que radicaría en el Congreso de la República después de la Semana Santa. Con esta reforma el Estado esperaba recaudar al menos 25 billones de pesos, los cuales se usarían para pagar el endeudamiento crecido del país y financiar programas de apoyo económico.

En pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos afectando el bolsillo de los colombianos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado de inversión, la confianza extranjera y pagar sus deudas. Sin embargo, por estar en medio de la pandemia, la economía de los hogares que ya estaba fuertemente afectada, podía perder poder adquisitivo, ya que se ampliaría la base de productos que pagan IVA, y la tasa del 5 por ciento con la que están gravados muchos otros subiría al 19 por ciento. Además, de la modificación en el pago de renta de personas naturales. Es por ello que la molestia fue en todo el país y terminó por ser la chispa que detonó la problemática que hoy se vive en el país sudamericano.

¿También hay manifestaciones fuera de Bogotá y dónde?

Sin duda alguna, la capital del país ha sido uno de los centros más grandes de protestas, manifestaciones y del Paro Nacional; sin embargo, a todo esto se unen Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Neiva y Villavicencio.

Con información de MARCA

 

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Latinoamérica

BCIE apoyará a El Salvador para regular el uso de bitcoin

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El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, anunció este lunes que la entidad brindará asistencia técnica a El Salvador para regular el uso del bitcoin, luego que el Congreso de ese país autorizara el curso legal de la criptomoneda.

El BCIE «está acompañando a El Salvador en esta nueva e innovadora política de la adopción de la criptomoneda denominada Bitcóin para uso legal», declaró Mossi durante una conferencia virtual con la prensa salvadoreña.

A solicitud del gobierno salvadoreño, el ente financiero está «preparando un paquete de asistencia técnica para asegurar tener todos los expertos» para apoyar al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva (BCR), explicó.

El Congreso de El Salvador aprobó el 9 de junio la ley que convertirá el bitcóin en moneda de curso legal en el país en septiembre, cuando entre en vigencia la medida, haciendo que esta nación centroamericana sea la primera en adoptar una criptomoneda con la que busca dinamizar su economía, dolarizada hace 20 años.

En cuanto a si el BCIE aceptará pagos mediante la criptomoneda, Mossi aclaró que «todos los préstamos del banco están denominados en dólares».

El funcionario consideró que el beneficio «más grande» en el uso del bitcóin es que es un medio «no regulado» que tiende «abaratar» costos como en el caso de El Salvador que tiene a muchos de sus ciudadanos que viven en el extranjero y que envían remesas.

Pese a esas facilidades, el presidente del BCIE también advierte que «en el anonimato de las criptomonedas puede haber malos jugadores», por eso es necesario adoptar «un marco regulatorio que permita al gobierno tener control» de quiénes las usan.

«Hay que tomar las medidas regulatorias que le garanticen al país funcionar de la mejor manera posible», subrayó.

En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2020, las remesas sumaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.

 

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Almagro pide suspender la participación de Nicaragua en la OEA

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.

En concreto, Almagro pidió «al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Las autoridades nicaragüenses han detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario, el sandinista Daniel Ortega, busca la reelección.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados, Cuba y Honduras.

 

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Latinoamérica

Pedro Castillo se autoproclama ganador de las elecciones en Perú

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Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre en las elecciones de Perú, celebradas el pasado domingo, se ha autoproclamado ya como ganador de los comicios frente a su rival, Keiko Fujimori, a pesar de que el recuento aún continúa.

Castillo ha comparecido ante sus seguidores en la sede del partido en Lima para celebrar que «el pueblo se ha impuesto en esta gesta». El candidato ha pedido a los órganos del sistema electoral peruano que sean «respetuosos con la voluntad del pueblo».

El maestro y exlíder sindical ha afirmado que algunas embajadas y gobiernos de América Latina ya le han felicitado.

Castillo ha asegurado también haberse reunido con empresarios, que según él le han mostrado su respaldo, y a los que ha prometido que formará «un gobierno con estabilidad financiera y económica».

No obstante, el recuento no ha acabado. Con el 98,3 % de las actas contabilizadas (es decir, aquellas que han podido computarse sin ningún problema), Castillo obtiene 8.735.534 votos (50,2 %) y Fujimori 8.663.870 (49,8 %). La diferencia entre ambos es, por tanto, de 71.664 votos, según los datos de la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La mayoría de las papeletas que quedan por contar son de peruanos residentes en el exterior, que son más favorables a Fujimori. También habrá que revisar unas 1.300 actas con irregularidades técnicas, errores de cumplimentación o con votos impugnados.

Al inicio del recuento, la ventaja era para la candidata de Fuerza Popular, ya que se contabiliza primero el voto de los centros urbanos. Conforme avanzaba en las zonas rurales y más alejadas, Castillo ha ido ganando terreno hasta sobrepasar a su rival.

Cuando vio que su ventaja se esfumaba, Keiko Fujimori acusó a Perú Libre de fraude. Sin embargo, los órganos electorales peruanos, así como organizaciones internacionales, desmienten estas acusaciones.

La ONPE ha indicado en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.

 

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