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HONDURAS

Varios diputados del Partido Nacional son acusados por la MACCIH en caso “Arca Abierta”

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Este día la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la temida UFECIC han presentado al pueblo hondureño esta tarde un nuevo caso de corrupción, el cual fue denominado “ARCA ABIERTA” que involucra a varios diputados actuales del Partido Nacional y ex diputados.

Los acusados en este caso se les supone responsables de los delitos de malversación de caudales público en perjuicio de la administración pública. Así lo dijo el vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Marrey Guimaraes mediante una conferencia de prensa esta tarde.

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La investigación fue conducida por el equipo integrado en la MACCIH y UFECIC. La misma establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras ($ 879 mil) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”. El dinero procedía de Casa Presidencial (L. 2 millones), del Congreso Nacional (L. 3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (L. 16.1 millones).

La información proporcionada por la MACCIH da cuenta que los fondos se trasladaron a las cuentas de diputados propietarios y suplentes, al igual que sus familiares y terceras personas.

El vocero Marrey Guimarães aseguró que “este caso evidencia una vez más, como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público”.

Prosiguió: “Es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública”.

Las imputaciones

A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública son señalados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.

Igualmente los exparlamentarios: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.

También por este mismo delito es señalado Gregorio Alberto González Rivera.

Mientras, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública se señalan: Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin Vallejo.

En el presente caso, se constató que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuó una revisión el 7 de noviembre de 2016, por lo que el equipo integrado UFECIC-MP/MACCIH-OEA realizó la investigación que reveló lo siguiente:

En 2015, varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional entre ellos los imputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero solicitaron al Presidente de la República que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno de la República se asignaran diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños, los cuales serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV).

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• Los fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas, en la forma que a continuación se detalla:

• Al solicitar dichos fondos los diputados ahora imputados se convirtieron en garantes de los mismos y por lo tanto, su compromiso no se limitaba simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad para la cual ha sido solicitada, que no tuviera un destino distinto y menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares cercanos.

• La elección de la ONG Asociación Planeta Verde por parte de los diputados, no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la misma.

• Esta afirmación es tan evidente, en razón que el ingreso de los más de veintiún millones de lempiras que llegó de los fondos del Estado al patrimonio de la ONG Asociación Planeta Verde, en un período que no supera los tres meses -28 de agosto a 9 de noviembre de 2015- salió en igual término de su dominio -2 de septiembre a 10 de noviembre de 2015-, siendo trasladado a las cuentas particulares de los diputados, sus familiares y personas particulares, cuando dicho capital estaba destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras.

Todo lo anterior, demuestra un saqueo de fondos del Estado que estaban destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados y ex diputados, lo que los hace responsables del delito por el cual se ha presentado requerimiento el día de hoy.

Como se mencionó anteriormente, el presente caso evidencia que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos, son ineficientes. A ello se suma que el Tribunal Superior de Cuentas en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Publico de 2017 del 31 de julio de 2018, halló debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público. Por ello es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública.

El caso “Arca abierta” es el octavo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por UFECIC-MP y MACCIH-OEA. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano y Licitación Fraudulenta del Seguro Social.

Ufecic presenta requerimiento fiscal por caso “Planeta Verde”

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) presentó hoy un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un caso al que denominan “Planeta Verde”.

Las investigaciones, según los fiscales, son en contra de 21 funcionarios y diputados del Congreso Nacional involucrados en el mal manejo de recursos de un programa de reforestación, pero no brindaron mayores detalles respecto al acto de corrupción.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) ofrecerá este martes una conferencia de prensa a las 2:00 de la tarde en Tegucigalpa, para dar detalles.

Agentes de la UFECIC ingresaron esta mañana a la CSJ con cuatro cajas de documentos del caso “Planeta Verde”.

Unos 56 diputados señalados tienen sus cuentas bancarias congeladas y los investigan para incautar sus bienes, según información preliminar.

Los legisladores acusados son, al parecer, de todas las bancadas políticas del Congreso Nacional.

De acuerdo a la información extraoficial, la UFECIC también habría presentado requerimiento fiscal contra varios familiares de los parlamentarios.

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HONDURAS

Empresarios proponen al Gobierno declarar “emergencia” por falta de empleos

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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), pidió al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, declarar emergencia por la falta de empleo.

La propuesta fue dada el pasado jueves 16 de enero, esto, en respuesta a las caravana de migrantes.

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Los empresarios aseguran que en las caravanas, se fuga la mano de obra e incluso talento por descubrir.

“El problema del país es serio y por eso hemos hecho referencia que en Honduras es necesario que se declare una emergencia en relación con la generación de empleo”, dijo Gustavo Solórzano, director de asesoría legal del COHEP.

Por su parte, Hilario Espinoza, Secretario General de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), dijo que urge una reunión entre el gobierno, empresa privada y trabajadores, para buscar una salida a la crisis y definir una ruta para que el país quede sin empleo.

En los últimos 10 años, en el país solamente se generaron 500 mil empleos, de 1 millón 400 mil empleados que habían en el 2010, y en el 2019 pasó a 1 millón 914 mil, pero en ese mismo periodo, salieron al mercado laboral cerca de un millón y medio de jóvenes.

Para el economista Darío Hernández, es necesario incentivar a la pequeña y mediana empresa y a todos aquellos rubros de la economía del país que generen un empleo masivo.

Según datos del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en Honduras 240 mil personas no tienen ningún tipo de ingresos; 2 millones 200 mil hondureños, logran ingresos menores al salario mínimo de 4 millones 300 mil personas que es la población económicamente activa; el desempleo juvenil con estudios universitarios es de 40 mil personas y por cada adulto desempleado, hay tres jóvenes sin trabajo.

De acuerdo al COHEP, es necesario hacer un tipo de reformas legales para que las empresas ya establecidas puedan generar nuevas plazas de trabajo, sin que se les “dispare” el costo de forma “desmedida”.

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HONDURAS

Fiscal General se compromete a seguir contra la corrupción e impunidad en Honduras

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El Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, dijo que se compromete a seguir luchando contra la corrupción e impunidad en el país.

Las reacciones del fiscal, surgieron tras el agradecimiento dado mediante un comunicado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual, se refirieron a la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

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Chinchilla, reafirmó su compromiso de seguir luchando contra la criminalidad en el país y en nombre del Ministerio Público (MP), agradeció a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, los conceptos vertidos en su comunicado del día viernes 17 de enero de 2020.

“Continuamos realizando las reformas justas y necesarias para articular un Ministerio Público moderno, sólido, capaz de ejercer un rol fundamental en la construcción de una Honduras donde todos podamos convivir en paz y armonía. Trabajando con determinación y patriotismo”, escribió el fiscal Chinchilla en su cuenta de Twitter.

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A Ebal Díaz no le parece correcto que se presione a JOH para que renueve la MACCIH

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Tegucigalpa, Honduras.- El Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz ha manifestado que no considera correcto que se presione a Juan Orlando Hernández para que renueve el convenio que dio vida la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH)

A criterio de Díaz, que es considerado uno de los mas fieros defensores de Hernández Alvarado, no le parece correcto que la comunidad internacional este presionando a su presidente para que se renueve la MACCIH.

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“No es correcto que la Comunidad Internacional presione al presidente para la renovación del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih)” expresó el funcionario en declaraciones a la radio emisora HRN.

Segun Ebal Díaz si la renovación del convenio no tuvo lugar fue porque este ente anticorrupción fallo en el principal objetivo de fortalecer la institucionalidad hondureña, por lo que después de 4 años “no se puede estar llorando”.

Comentó que es hora de revisar el sistema y que el enfoque cambie a un sistema de prevención y de fortalecimiento de las instituciones.

Tomando en cuenta tres elementos; Las consideraciones de la Sala Constitucional por el procedimiento de la firma del convenio; pronunciamiento a la no renovación por parte del Congreso Nacional y un informe elaborado por dos personas del gobierno y dos personeros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Díaz confió que todos los esfuerzos están orientados en fortalecer las instituciones y el Estado de derecho.

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