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Latinoamérica

El enviado especial de Biden para el Triángulo Norte viaja a El Salvador

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El enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúniga, visitará a El Salvador entre este lunes y el miércoles en medio de la crisis política que vive el país centroamericano por las recientes destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general.

En un breve comunicado divulgado este lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. subrayó que Zúniga se reunirá durante su visita con miembros del Ejecutivo salvadoreño, así como con representantes del sector privado para discutir «áreas de interés mutuo», como el «fortalecimiento de la gobernanza democrática y el respeto de los derechos humanos».

Asimismo, agregó, tratará «la lucha contra la corrupción» y analizará «oportunidades económicas para dar solución a las causas de base de la migración».

La pasada semana, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, afirmó que su país evalúa una respuesta a los acontecimientos en El Salvador, a la vez que remarcó que un Poder Judicial independiente «es crucial» para una democracia sana y una economía fuerte.

Harris fue encargada por el presidente estadounidense, Joe Biden, como máxima responsable de la Casa Blanca sobre inmigración y relaciones con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).

El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el oficialismo tomara a principios de mes las riendas del Parlamento para el nuevo periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año, lo que ha sido criticado como un golpe al sistema de separación de poderes.

Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.

La ONU y la Unión Europea ya han expresado su inquietud por lo que acontece en El Salvador, sumándose a la preocupación manifestada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

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Latinoamérica

BCIE apoyará a El Salvador para regular el uso de bitcoin

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El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, anunció este lunes que la entidad brindará asistencia técnica a El Salvador para regular el uso del bitcoin, luego que el Congreso de ese país autorizara el curso legal de la criptomoneda.

El BCIE «está acompañando a El Salvador en esta nueva e innovadora política de la adopción de la criptomoneda denominada Bitcóin para uso legal», declaró Mossi durante una conferencia virtual con la prensa salvadoreña.

A solicitud del gobierno salvadoreño, el ente financiero está «preparando un paquete de asistencia técnica para asegurar tener todos los expertos» para apoyar al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva (BCR), explicó.

El Congreso de El Salvador aprobó el 9 de junio la ley que convertirá el bitcóin en moneda de curso legal en el país en septiembre, cuando entre en vigencia la medida, haciendo que esta nación centroamericana sea la primera en adoptar una criptomoneda con la que busca dinamizar su economía, dolarizada hace 20 años.

En cuanto a si el BCIE aceptará pagos mediante la criptomoneda, Mossi aclaró que «todos los préstamos del banco están denominados en dólares».

El funcionario consideró que el beneficio «más grande» en el uso del bitcóin es que es un medio «no regulado» que tiende «abaratar» costos como en el caso de El Salvador que tiene a muchos de sus ciudadanos que viven en el extranjero y que envían remesas.

Pese a esas facilidades, el presidente del BCIE también advierte que «en el anonimato de las criptomonedas puede haber malos jugadores», por eso es necesario adoptar «un marco regulatorio que permita al gobierno tener control» de quiénes las usan.

«Hay que tomar las medidas regulatorias que le garanticen al país funcionar de la mejor manera posible», subrayó.

En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2020, las remesas sumaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.

 

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Almagro pide suspender la participación de Nicaragua en la OEA

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo tras la detención de varios políticos opositores.

En concreto, Almagro pidió «al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».

Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido «una ruptura del orden democrático» y que «las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó «una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales».

Las autoridades nicaragüenses han detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario, el sandinista Daniel Ortega, busca la reelección.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados, Cuba y Honduras.

 

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Latinoamérica

Pedro Castillo se autoproclama ganador de las elecciones en Perú

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Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre en las elecciones de Perú, celebradas el pasado domingo, se ha autoproclamado ya como ganador de los comicios frente a su rival, Keiko Fujimori, a pesar de que el recuento aún continúa.

Castillo ha comparecido ante sus seguidores en la sede del partido en Lima para celebrar que «el pueblo se ha impuesto en esta gesta». El candidato ha pedido a los órganos del sistema electoral peruano que sean «respetuosos con la voluntad del pueblo».

El maestro y exlíder sindical ha afirmado que algunas embajadas y gobiernos de América Latina ya le han felicitado.

Castillo ha asegurado también haberse reunido con empresarios, que según él le han mostrado su respaldo, y a los que ha prometido que formará «un gobierno con estabilidad financiera y económica».

No obstante, el recuento no ha acabado. Con el 98,3 % de las actas contabilizadas (es decir, aquellas que han podido computarse sin ningún problema), Castillo obtiene 8.735.534 votos (50,2 %) y Fujimori 8.663.870 (49,8 %). La diferencia entre ambos es, por tanto, de 71.664 votos, según los datos de la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La mayoría de las papeletas que quedan por contar son de peruanos residentes en el exterior, que son más favorables a Fujimori. También habrá que revisar unas 1.300 actas con irregularidades técnicas, errores de cumplimentación o con votos impugnados.

Al inicio del recuento, la ventaja era para la candidata de Fuerza Popular, ya que se contabiliza primero el voto de los centros urbanos. Conforme avanzaba en las zonas rurales y más alejadas, Castillo ha ido ganando terreno hasta sobrepasar a su rival.

Cuando vio que su ventaja se esfumaba, Keiko Fujimori acusó a Perú Libre de fraude. Sin embargo, los órganos electorales peruanos, así como organizaciones internacionales, desmienten estas acusaciones.

La ONPE ha indicado en su informe que existen tan solo 454 actas con reclamaciones que tendrán que ser sometidas a evaluación para ser admitidas en el recuento.

 

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