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CORRUPCIÓN

Informe de INCAE ubica a Honduras como el segundo país más corrupto del continente americano

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En el foro denominado “corrupción trayendo a la luz lo oculto el caso Honduras”, impartido por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), se reveló que la percepción es que Honduras es el país más corrupto del América.

De acuerdo a la información, la principal causa de corrupción en Honduras, es el abuso de poder público para beneficios personales.

“La corrupción tiene muchas definiciones, mucha tipología, la más utilizada es la que presentamos, es el abuso del poder político para generar un beneficio privado y aunque existan varias definiciones y tipologías, todas implican impactos muy negativos en diferentes ámbitos de nuestra vida”, precisó Octavio Martínez, director del CLACDS-INCAE.

Otras causas que mantiene a Honduras en los primeros lugares en el índice de corrupción, son la institucionalidad débil, falta de modernización tecnológica del Estado, impunidad, conflicto de intereses y la no rendición de cuentas.

En relación a la falta de modernización del Estado, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se reconoció que esa es una de las causales que fomenta y promueve la corrupción en el país, pues argumentan que es poco lo que se ha hecho para simplificar y digitalizar los trámites.

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Los expertos son del criterio que en el 2020 Honduras cayó al fondo de la corrupción, debido al mal manejo de los recursos públicos que se aprobaron para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del covid-19.

Para Mauricio Díaz, director del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el nepotismo de parentesco y filial, es también una de las principales causas de la corrupción.

Dentro de las propuestas realizadas en el foro, las recomendaciones hechas a Honduras para evitar que la corrupción provoque la perdida de la paz social, es que se comience a cuidar la utilización de fondos públicos para la emergencia del nuevo coronavirus, así como la creación de una mesa multisectorial que dé seguimiento a una agenda de trabajo.

Además, se recomienda la implementación de una Ley o Marco Anticorrupción para fortalecer la institucionalidad nacional, y simplificar y digitalizar los trámites.

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