Juan Orlando Hernández y ex presidentes de Honduras implicados en demanda billonaria por desvíos de fondos de USAID

Pro Honduras Network.- La demanda se viene desarrollando en la Corte del Distrito Sur de Alabama desde octubre de 2017, y en ella se solicita al Estado de Honduras pagar la cantidad de 1 billón de dólares por daños y perjuicios e incumplimiento del pago de contratos con la empresa DRC inc. empresa ubicada en el Estado de Alabama.

Dentro de las alegaciones se encuentran dos cargos, el primero por falsas declaraciones y certificaciones falsas de pago y el segundo por enriquecimiento ilícito.

Además los fiscales señalan que los demandados conspiraron juntos para presentar reclamaciones falsas a los Estados Unidos y recibir fondos y subvenciones de los Estados Unidos.

El demandante es el Gobierno de los Estados Unidos en nombre de Murray Farmer, John P. Mcavoy y Marco Zavala. Los demandados son La Republica de Honduras, Moises Starkman, Carlos Roberto Flores Facusse, Juan Orlando Hernández, Gabriela Núñez de Reyes, Wilfredo Cerrato, José Manuel Zelaya, Mario Rene Pineda Valle, Héctor Ramos Trochez, Fondo Hondureño de Inversión Social (FIHS) y ocho funcionarios de USAID.

Cabe señalar que los actos de corrupción ocurrieron durante el Gobierno de Carlos Flores Facusse, con Moises Starkman como Ministro del Fondo de Inversión Social FIHS, razón por la que se incluyen a varios funcionarios que se desempeñaron durante ese periodo.

En 2001, la RDC completó satisfactoriamente el contrato con el Gobierno de Honduras, sin embargo, GOH, FHIS o USAID no compensaron a la RDC de conformidad con el contrato. Como resultado, la RDC perdió $30,000,000.00 y no pudo permanecer en el negocio.

El cierre de la RDC dio lugar a 300 empleados en Alabama que perdieron empleo. Durante el período comprendido entre el 21 de julio de 2000 y el 10 de mayo de 2002, la RDC presentó facturas al FHIS. FHIS procesaría las facturas de la RDC para el pago bajo pdm 001-2000. FHIS presentó una certificación falsa a USAID.

Sobre la base de las certificaciones falsas de FHIS, USAID haría el pago a la RDC. Debido a que FHIS y los otros demandados hicieron declaraciones falsas y certificaciones a la USAID, los demandados son responsables ante USAID bajo el acto de reclamos falsos.

La demanda fue cerrada el pasado 30 de enero de 2020 y los demandantes alegan que Estados Unidos se puso de lado de Honduras. Según información de FOX “Aunque el gobierno federal se beneficiará si la demanda tiene éxito, sin embargo, se puso del lado de Honduras”.

El Departamento de Justicia ha pedido al juez principal de distrito de los Estados Unidos, Kristi DuBose, que retire la demanda. Los abogados del gobierno argumentaron en una reciente presentación judicial que las acusaciones «carecen de mérito» y que los hechos «no respaldan» las reclamaciones.

Jay Majors, un abogado litigante del Departamento de Justicia, escribió que USAID ha determinado que el Fondo Hondureño de Inversión Social era legalmente elegible para recibir asistencia de los Estados Unidos a pesar de que estaba separado del gobierno hondureño.

«Estados Unidos investigó las acusaciones», escribió Majors. «Los hechos no apoyan … reclamos aquí».

El Departamento de Justicia también planteó preocupaciones sobre las relaciones internacionales. El procedimiento, argumenta el gobierno, podría tener «efectos negativos sobre la relación diplomática entre Estados Unidos y Honduras».

Esa justificación provocó el desprecio de John McAvoy, un empleado retirado del gobierno de EE. UU. que supervisó el contrato de la RDC para el gobierno de EE. UU. Dijo que es «corrupto» que, en aras de las relaciones con Honduras, el gobierno de los Estados Unidos se ponga del lado de los ciudadanos de su propio país.

McAvoy, un veterano de 26 años del gobierno federal, dijo que la política de Estados Unidos fomenta la corrupción en América Central. Señaló una condena en octubre en Nueva York de Juan Antonio «Tony» Hernández, el hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, por cargos de tráfico de cocaína.

El presidente no ha sido acusado de ningún delito, pero los fiscales federales en Nueva York se han referido a él como un «conspirador» en las presentaciones judiciales, acusándolo de utilizar el dinero de las drogas para ayudar a ganar las elecciones en 2013 y 2017.

Los demandantes han declarado que van a litigar la decisión tomada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que llegarán hasta las últimas instancias para dejar un precedente contra la corrupción.

Nota original | Pro Honduras Network